Daniel Carralero
Un conflicto militar ha cortado el flujo marítimo a través del estrecho de Ormuz. Así comenzaban, desde que tengo memoria, casi todos los escenarios imaginarios en los que se apagaba la música y nuestra adicción global a los combustibles fósiles nos pasaba la cuenta en forma de un shock de suministro sin precedentes. Ahora, ese escenario es real —aunque dudo que nadie se pudiera imaginar hace más de diez años el camino indescriptiblemente estúpido que nos ha traído a él— y nos encontramos en un extraño periodo de calma antes de que las consecuencias se materialicen, que muchos han comparado con las semanas previas al estallido de pandemia de coronavirus. En este contexto, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) acaba de publicar, después de una larga investigación, su informe final respecto al apagón que sufrió la península Ibérica el 28 de abril del año pasado, en el que trata de ir más allá de la enumeración de los hechos —que ya se publicaron en otro informe anterior— y proporcionar una imagen más general sobre el evento y lo que podemos aprender de él. Aunque esta noticia ha sido comprensiblemente desalojada del ciclo de noticias con rapidez, vale la pena detenerse en ella: el informe contiene lecciones que son aún más importantes leídas a la luz de la guerra. Y, entre ellas, un núcleo de esperanza que no nos sobrará en los tiempos que se avecinan.
Para empezar, quizá la conclusión más importante del informe es que, aunque el apagón fue resultado de una combinación compleja de circunstancias y procesos, se puede decir rotundamente que la alta penetración renovable no fue la causa del apagón. Tampoco lo fue la inercia del sistema, que era superior a la recomendación de ENTSO-E. De hecho, las simulaciones del informe muestran que valores aún mayores de inercia no habrían evitado el apagón. Así pues, las dos explicaciones que más hemos escuchado desde hace casi un año —de hecho, ya desde antes de que se volvieran a encender las luces— estaban equivocadas, en el mejor de los casos. En realidad, la causa principal del apagón fue una sobretensión causada por la incapacidad del sistema de absorber un exceso de potencia reactiva que llevó en cuestión de segundos a una desconexión masiva de generadores. A grandes rasgos, en una red de corriente alterna se produce un cierto desfase entre la corriente y el voltaje, lo que hace que la potencia que circula por ella se divida en potencia activa (que produce trabajo real) y potencia reactiva (que no es útil). Como la tensión en las líneas de transmisión aumenta con la cantidad de potencia reactiva, existe una serie de mecanismos para evitar que este desfase pase de ciertos umbrales de seguridad. En particular, varias de las centrales térmicas que estaban operando en el momento del apagón estaban recibiendo una compensación económica a cambio de absorber potencia reactiva para controlar la tensión en su zona.
Sin embargo, como ya indicó el informe del Gobierno sobre el apagón, varias centrales de ciclo combinado incumplieron esos compromisos y no siguieron las instrucciones de Red Eléctrica de absorber potencia reactiva para controlar la sobretensión, e incluso contribuyeron a aumentarla en algún caso. El informe de ENTSO-E muestra que sólo el 35,7% de la capacidad de absorción de potencia reactiva de las centrales térmicas de la zona sur (donde se originó el problema) se estaba utilizando en el momento del apagón. Las simulaciones del informe muestran que si este control se hubiera realizado correctamente sí se hubiera evitado el apagón. De hecho, de las medidas disponibles en la situación previa al apagón, en el informe esta se destaca como la que habría sido más importante.
Ir a un sistema eléctrico con alta penetración renovable es un reemplazo tecnológico que introduce cambios muy importantes en su funcionamiento. Lógicamente, esos cambios deben ir acompañados de una serie de actualizaciones técnicas y operativas. Esto no tiene nada de raro: ese también fue el caso, por ejemplo, cuando se introdujo la energía nuclear en el sistema. En aquel momento, el Estado construyó una gran parte del actual parque de centrales de bombeo para aprovechar la generación de esta nueva tecnología y dar estabilidad al sistema. En el caso de las renovables existen varias medidas técnicas y estructurales a tomar de cara a evitar que ocurran este tipo de fallos, como aumentar el almacenamiento, utilizar sistemas de compensación y estabilización a escala de red (STATCOM, PSS o POD) o automatizar el sistema de shunts. Estos últimos sistemas tampoco contribuyeron a absorber potencia reactiva, en este caso debido a que su activación era manual y no fue posible realizarla a la velocidad a la que ocurrió la sobretensión.
De todas estas medidas estructurales, quizá la más importante fuera permitir a las renovables participar en la regulación dinámica de la tensión, algo que es posible tecnológicamente desde hace años. De hecho, en el momento del apagón, había 19 GW de potencia fotovoltaica instalada (casi la mitad del total) con capacidad técnica de contribuir al control dinámico, lo que seguramente habría evitado el apagón de habérsele permitido. En particular, las renovables de la zona sur estaban absorbiendo el grueso de la potencia reactiva y tenían una capacidad adicional que casi duplicaba la absorción total de los generadores térmicos de control dinámico. Sin embargo, esa contribución potencialmente decisiva no fue posible debido a la regulación existente: de acuerdo con el Procedimiento Operativo 7.4 (establecido en el año 2000), las renovables debían operar a factor de potencia constante, y no participar en el control dinámico, lo cual está reservado para las centrales síncronas (esto es, las que no están basadas en electrónica de potencia como las renovables, sino en sistemas de turbinado convencional).
Tras la invasión de Ucrania, la penetración renovable en el sistema eléctrico español aceleró considerablemente, con la instalación de 40 GW renovables entre 2019 y 2024. Esto nos ha traído muchas ventajas, incluyendo una electricidad un 32% más barata que la media europea en 2025, con la consecuente mejora en la competitividad de nuestra industria, cuyo declive se ha revertido en los últimos años. Aun así, el que no se actualizara una regulación obsoleta durante este proceso tuvo sus consecuencias, como por ejemplo un aumento importante en el precio de los servicios de estabilización del sistema. Cuando el precio de de las restricciones técnicas basadas en ciclos combinados empezó a subir, allá por 2020, Red Eléctrica solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que actualizara el Procedimiento Operativo 7.4, pero la CNMC solo lo permitió en 2025, ya después del apagón. Ese retraso injustificado en el desarrollo legislativo no solo supuso un aumento de los costes del sistema eléctrico (se pasó de 247 millones de euros en 2019 a 2.522 millones en 2024), sino que también impidió artificialmente una modernización clave del sistema eléctrico. Después del cambio de postura de la CNMC, esta tecnología por fin se está introduciendo y las renovables ya participan en el control dinámico de la tensión.
Y así llegamos a la guerra de Irán, en la que ese despliegue renovable ha demostrado ser una herramienta clave para proteger la economía española de la volatilidad de los precios del gas. Estos ya están en buena medida desacoplados de nuestro precio de la electricidad, el cual solo está determinado por el del gas en el 15% de las horas en 2026, frente al 75% de 2019. Así, no solo ese precio es un 40% inferior a lo que era con las renovables de 2019, sino que España es el país de la Unión Europea que más ha recortado sus importaciones energéticas, con un ahorro de casi 13.500 millones de euros. Y, por supuesto, esta menor exposición tiene consecuencias en nuestra autonomía política: es difícil imaginar el impacto obtenido por la rotunda postura contra la guerra que ha mostrado el Gobierno español —y cómo ha conseguido extenderse por el resto de la Unión— si no hubiera ido respaldada por la demostración de que es posible comenzar a salir de ese «Suez permanente» en el que vive Europa desde mediados del siglo XX y utilizar la electrificación renovable para descarbonizar nuestro continente, enfrentarnos a la geopolítica de los petroestados y el fascismo fósil y caminar hacia una verdadera soberanía energética. En este contexto, el informe de ENTSO-E nos muestra que no hay obstáculos fundamentales en ese camino. Si somos capaces de poner la planificación y los medios materiales necesarios, la tecnología está lista. Y los costes son insignificantes ante cualquiera de los shocks de precios fósiles que nos quedan por ver.
Daniel Carralero es investigador del CIEMAT y coautor de Un lugar al que llegar. Mapa político de la transición energética (Levanta Fuego, 2025).