Juan Requejo
Estos días de incendios pavorosos, ligados al calentamiento global, nos recuerdan la brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos. Aceptamos que la quema masiva de combustibles fósiles es una causa principal del efecto invernadero y que disponemos de alternativas tecnológicas —electrificación y energías renovables—, pero en España el consumo eléctrico permanece estancado mientras que el de combustibles fósiles sigue creciendo.
Las 12.500 estaciones de servicio del país distribuyen cada año 292.647 GWh (giga watios-hora) en gasolina y gasóleo A, lo que equivale a 23,41 GWh por estación. Esa energía de origen fósil supone unas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de aproximadamente 76,2 MtCO₂e, que representan cerca del 28% de las emisiones nacionales en 2023 (270 MtCO₂e). Es decir, gasolineras y usuarios concentran casi una tercera parte del problema.
Las gasolineras son los camellos de la droga petrolífera. La sociedad en su conjunto debe asumir que tenemos que desengancharnos de esta adicción y renunciar a la golosa energía densa fósil, que no es muy visible, pero nos envenena.
Conviene, no obstante, recordar que la sustitución del gasóleo para el transporte pesado aún no está totalmente resuelta. Los desplazamientos de largo recorrido de camiones y autobuses no son fácilmente electrificables. En torno al 55% del gasóleo «A» vendido en gasolineras corresponde a camiones y autobuses. De esta parte del consumo, es posible afirmar que el 65% es atribuible a vehículos de reparto urbano de mercancías y pasajeros de desplazamientos de corto y medio recorrido que son electrificables. El patrón de uso de los vehículos ligeros y turismos es un 95% urbano-interurbano y es posible suponer un cambio de criterio de la población adaptando su decisión de vehículo a sus necesidades y recursos. Por tanto, podemos suponer un objetivo máximo inmediato de electrificación afecta a la mayor parte del parque de vehículos: toda la gasolina y el 70% del gasoil distribuido en estaciones de servicio. Bajo este criterio, el máximo de energía fósil que puede ser sustituida por electricidad asciende a 230.894 GWh/año. En todo caso hay que tener en cuenta que los vehículos eléctricos consumen entre tres y cuatro veces menos energía para hacer el mismo trayecto. Adoptemos un factor de cuatro contando con una reducción irrenunciable del consumo y nos resulta una cantidad de energía eléctrica a generar de 52.723 GWh/año.
La energía regresa al territorio. Los captadores de energía eólica y solar se ven. No cabe duda de que en muchos lugares están cambiando el paisaje. Es el paisaje del nuevo modelo energético. Las 12.500 gasolineras y las diez refinerías se ven menos, pero están ahí; son el símbolo del modelo fósil que se resiste a desaparecer. De hecho, desde el año 2020 hasta ahora se han construido en España cerca de 1.000 nuevas gasolineras.
¿Con cuánta generación eléctrica renovable se cubre el hueco de la renuncia al fósil? Realicemos un ejercicio aproximativo para hacernos una idea de la dimensión del problema. Una planta fotovoltaica con una potencia instalada de 20 MW genera entre 25 y 40 GWh al año. Con estos rangos, prescindir del combustible fósil considerado exigiría construir entre 1.400 y 2.300 plantas fotovoltaicas de 20 MW cada una o, alternativamente, entre 290 y 460 plantas de 100 MW. Actualmente operan en España algo menos de 600 plantas fotovoltaicas conectadas a red para suministro al mercado, de las cuales solo 86 tienen más de 50 MW de potencia instalada. Se pone en evidencia que el reto de prescindir de las estaciones de servicio que proveen de gasolina y gasoil en carretera es, por lo tanto, enorme.
La conclusión es clara: para reducir de forma significativa las emisiones de la movilidad por carretera hay que darle un fuerte empujón a la red de recarga rápida y acelerar la expansión de generación renovable, con apoyo de almacenamiento. No basta con multiplicar enchufes: hay que meter en la red muchos más kilovatios-hora limpios. Además, estas medidas deben venir acompañadas de un incremento sensible de los impuestos a los combustibles fósiles, excepto para el transporte de camiones y autobuses de largo recorrido, reduciendo al mismo tiempo la fiscalidad a la electricidad. Sin olvidar que «la energía más limpia es la que no se gasta», como dice Muñoz Molina.
Este debate técnico enlaza con otro, más profundo: el de producir frente a consumir. España se ha focalizado en el consumo, mientras produce cada vez menos bienes industriales. Los polígonos están inundados de grandes marcas de distribución, logística, talleres de reparación y centros comerciales y cada vez hay menos naves industriales. Rechazamos gigafactorías de baterías o plantas renovables por sus impactos locales, pero aceptamos sin mayor conflicto la proliferación de autovías y grandes polígonos logísticos que alimentan nuestro apetito de consumo inmediato. La prioridad cortoplacista —satisfacción hoy frente a esfuerzo productivo mañana— se filtra en la política y en la sociedad.
Conviene recordar que producir cualquier cosa tiene costes económicos, sociales y ambientales, sean alimentos, vestimentas, muebles o energía. Consumir mucho y mal también los tiene, aunque a menudo estos costes queden enmascarados en el depósito de combustible del coche o en la tarjeta del centro comercial. La electrificación y las renovables tienen sus impactos: requieren suelo, materiales, permisos, redes y una planificación que minimice impactos ambientales y paisajísticos, al tiempo que maximice beneficios locales (empleo, ingresos municipales, cadenas de suministro). Pero son, a la postre, la vía más eficaz para descarbonizar la movilidad y la economía; en todo caso, las únicas medidas disponibles hoy con efectos significativos en la reducción de emisiones GEI.
Hay, además, un beneficio geopolítico nada menor: menos fósil importado significa menos dependencia de proveedores externos y más recursos fiscales para políticas públicas. Reducir una factura anual cercana a los sesenta mil millones de euros en compras de petróleo y gas liberaría margen de recursos de la sociedad española para gastar en sanidad, educación, pensiones y transición justa, y diluiría el poder de oligopolios energéticos y de petroestados poco democráticos. Como apunta Xan López, se trata de «ensanchar el cuello de botella dominado por grandes productores y distribuidores de energía».
Cerrar gasolineras no es un fin en sí mismo: es la consecuencia de una electrificación masiva respaldada por más renovables y mejor infraestructura de recarga. Si queremos cumplir objetivos climáticos y de seguridad energética, debemos planificar y ejecutar ese cambio con rigor: más puntos de recarga rápida, más plantas eficientes de generación renovable en lugares adecuados, más almacenamiento, más red y mejor gestión de la demanda con reducción de consumo. El camino está trazado; solo falta recorrerlo con la coherencia que exigimos a los demás y que el clima nos exige a todos y todas.