Este ensayo está incluido en nuestro séptimo número, Todo nuevo bajo el Sol.
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Liliana Doganova
En 2008, se encontró petróleo en el yacimiento de Ombrina Mare, cerca de la costa adriática italiana, y las empresas de exploración que habían confirmado su existencia solicitaron permiso para extraerlo. El proyecto de perforación provocó una fuerte oposición local y nacional, desembocando en manifestaciones ecologistas masivas en la región de los Abruzos, la petición de un referéndum por parte de diez regiones italianas y, finalmente, varios decretos legislativos que prohibían los proyectos de perforación como este, cercanos a la costa. En 2016, el permiso para la producción de petróleo en Ombrina Mare fue finalmente rechazado por el gobierno italiano. Sin embargo, en 2017 la empresa británica Rockhopper Exploration plc, que unos años antes había adquirido la empresa que había sido la primera en solicitar el permiso, comenzó un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Italia para, en palabras de su CEO, «proteger nuestra inversión en el proyecto Ombrina Mare» y «proteger los intereses de nuestros accionistas». En 2022, el tribunal concedió a Rockhopper 184 millones de euros, a pagar por el gobierno italiano, como compensación por la inversión perdida debido a la introducción de la legislación medioambiental.
Pero ¿qué representaban exactamente esos 184 millones de euros? Rockhopper no tenía ninguna instalación de perforación petrolífera que desmantelar, trabajadores que despedir ni contratos que rescindir. Lo único que tenía Rockhopper era una expectativa: la expectativa de extraer toneladas de petróleo que a su vez generarían grandes sumas de dinero en el futuro. Esa expectativa fue considerada lo suficientemente legítima como para que su frustración fuese equivalente a una «expropiación» y lo suficientemente valiosa como para valorarla en 184 millones de euros.
Para dar con ese valor, el tribunal utilizó un método conocido como análisis de flujo de caja descontado (o DCF, por sus siglas en inglés), utilizado normalmente por las empresas para tomar decisiones de inversión. Para decidir si una inversión merece la pena, según este método, uno debe calcular su valor (denominado «valor actual neto» o NPV, por sus siglas en inglés) realizando una proyección de los flujos de costes y beneficios que la inversión generará, previsiblemente, en el futuro. Estos flujos futuros se traducen a continuación a su valor actual «descontándolos», es decir, reduciendo su valor de acuerdo con un factor conocido como «tasa de descuento». Del mismo modo en que se aplicaría el tipo de interés para determinar el valor futuro de una suma de dinero en el presente, la tasa de descuento tiene como objeto determinar el valor actual de una suma de dinero futura, partiendo del supuesto de que un euro a día de hoy vale más que un euro en el futuro. Este fue el razonamiento que que utilizó el tribunal para adjudicar a Rockhopper 184 millones de euros: el juez estaba pensando como un inversor.
Descontar el futuro
Los conceptos de «descuento» y «valor actual» fueron formulados a principios del siglo xx por el economista norteamericano Irving Fisher como parte del «principio de capitalización». Fisher sostenía que el capital no debía entenderse como un tipo de entidad específico, sino como una relación específica con el tiempo orientada firmemente hacia el futuro y en la que cualquier entidad podía participar y, así, convertirse en capital. El capital, según esta formulación, es por lo tanto cualquier cosa que produzca flujos de ingresos durante cierto periodo de tiempo y el valor previsto de esos ingresos futuros es lo que determina su valor actual. Fisher puso el siguiente ejemplo: donde se producen las manzanas es en el huerto (y aquí el huerto se considera capital, precisamente porque se involucra en una relación con el futuro definida como la generación de un flujo de manzanas), pero es el valor de las manzanas lo que produce el valor del huerto. De esta forma, el valor depende únicamente del futuro, no del presente ni del pasado.
Esta fue sin duda la forma de pensar del tribunal cuando decidió desestimar la propuesta italiana de valorar la inversión de Rockhopper basándose en los costes en que la empresa había incurrido realmente hasta el momento (dos millones de euros) o en el precio que había pagado para adquirir la empresa de exploración que había descubierto el yacimiento petrolero y solicitado el permiso para su explotación (treinta y seis millones de euros). Según el tribunal, el valor de Ombrina Mare dependía del futuro, no del pasado. ¿Pero el futuro de quién, exactamente? El tribunal decidió que el futuro que importaba era el que había previsto el inversor, ignorando así otros muchos futuros posibles. En las protestas que tuvieron lugar en los Abruzos, por ejemplo, los ciudadanos habían imaginado la creación de un parque nacional y el fomento del ecoturismo en la región.
En los debates sobre el uso del método DCF en la resolución de disputas entre inversores y Estados y en el arbitraje internacional más allá del caso Ombrina Mare, algunos comentaristas han observado que la inflación de los daños y perjuicios basados en proyecciones futuras de las prácticas corporativas supone un grave riesgo para la capacidad regulatoria de los gobiernos, sobre todo en lo que se refiere a la crisis climática y medioambiental. En otras palabras, cuanto nos comprometemos con el futuro imaginado por las empresas, nos estamos arriesgando a crear un «invierno regulatorio» que podría poner en peligro un futuro de energía limpia para muchos países. El hecho de que esos futuros queden descartados nos plantea una pregunta: ¿nuestra relación con el futuro ha quedado subsumida en la del inversor? Y lo que es todavía más importante: ¿el principio de capitalización, incorporado en dispositivos de valoración como la DCF, es en sí mismo una causa fundamental de la crisis ecológica y climática? Para responder a estas preguntas es necesario profundizar en el proceso específico de capitalización que, como escribe el historiador Jonathan Lewis, es tan omnipresente en el capitalismo «que se ha convertido en una forma general de acción estratégica y de valoración».
Una contradicción inherente
El proceso de capitalización es una forma de relacionarse con el futuro que está basada en una contradicción. Por una parte, el futuro se considera como la temporalidad relevante para la acción: para decidir lo que se debe hacer ahora, uno debe mirar al futuro, en lugar de al presente o al pasado. La decisión del tribunal de Ombrina Mare ejemplifica esta valoración del futuro: lo que importa no es lo que la empresa hiciese en el pasado, sino lo que podría haber hecho en el futuro, si ese futuro hubiese existido.
Al mismo tiempo, el futuro queda devaluado como un tiempo que tiene menos valor que el presente. Esta devaluación se refleja en la tasa de descuento: un evento que ocurre más adelante se «descuenta» cuando su valor se traslada al presente. La reducción de valor es más fuerte cuanto más lejos en el tiempo se ubique ese evento.
Esta relación contradictoria con el futuro ha estado presente en el proceso de capitalización desde los primeros intentos por llevarlo a un ámbito más allá de las finanzas, que es donde tuvo su origen. Una de las primeras formalizaciones de la fórmula DCF surgió en el ámbito de la silvicultura científica en la Alemania del siglo xix, como parte integral del desarrollo del concepto de «sostenibilidad». Los silvicultores propusieron que el valor de los bosques se derivase de sus probables rendimientos futuros de madera y leña. Se propuso una fórmula conocida como la fórmula Faustmann, precursora del DCF, como método para determinar el valor de estos bosques, con sus rendimientos futuros traducidos a su valor actual aplicando una tasa de descuento. Es significativo que la fórmula se presentase no solo como medio para otorgar un valor a los bosques, sino también para determinar su gestión óptima. Por ejemplo, las «duraciones de rotación», es decir, la edad a la que se deben talar los árboles, se convirtieron en una función para maximizar el valor del bosque. Además, como se entendía que este valor procedía de un futuro que había que descontar, la conclusión fue reducir las duraciones de rotación.
Así, de un plumazo, el descuento impuso un cambio de perspectiva orientado hacia el futuro, lo que a su vez provocó una aceleración impulsada por la idea de que el tiempo tenía un coste, ya que el bosque era un capital que debía valorarse según sus rendimientos futuros. Asegurar el futuro de los árboles requería una forma de sacrificio y, por lo tanto, una recompensa para el inversor cuyo capital estaba inmovilizado en ellos. Paradójicamente, la preocupación por la sostenibilidad y la importancia del futuro inmediato fueron producto de un mismo proceso: el proceso de capitalización. En la práctica, como ha demostrado James C. Scott, el «sueño utópico» de la silvicultura científica fracasó en el encuentro entre el «bosque de los gestores» y el «bosque de los naturalistas», es decir, un bosque cuyo crecimiento dependía de procesos ecológicos complejos y de la biodiversidad local. A pesar de este fracaso, la idea del futuro como una inversión integrada en el proceso de capitalización se mantuvo.
Las políticas públicas como inversión
Todavía estamos lidiando con la tensión entre los impulsos por valorar y devaluar el futuro en la respuesta que damos a las crisis climática y ecológica actuales. Desde los primeros experimentos en el siglo xix y su formalización como teoría económica a principios del siglo xx, el descuento se ha afianzado en los procesos de toma de decisiones en los mercados y en las políticas públicas, al tiempo que su evolución ha continuado. A mediados del siglo xx, después de los avances en finanzas empresariales y presupuestación de capital, la fórmula DCF se transformó en una herramienta estándar que los gestores debían utilizar para valorar las inversiones de manera acorde a los intereses de sus accionistas. La tasa de descuento se redefinió como el coste del capital, es decir, la recompensa que exigían los inversores en compensación por confiar su capital a la empresa. Al mismo tiempo, los principios del descuento se extendieron más allá de la gestión empresarial y llegaron a áreas como las políticas públicas a través de herramientas similares como los análisis coste-beneficio (ACB). El ACB transformó las políticas públicas en otro tipo de inversión más: solo valía la pena implementar una política pública si sus futuros beneficios superaban los costes futuros en términos estrictamente monetarios, expresados en valores actuales a través de una tasa de descuento «social». Las deficiencias de esta visión de las políticas públicas como inversión se hicieron palpables a la hora de enfrentarse los problemas climáticos y medioambientales.
El histórico Informe Stern sobre la economía del cambio climático, elaborado en 2006 para el Gobierno de Reino Unido por el economista Nicholas Stern, puso de manifiesto la incompatibilidad entre el uso del descuento en el ACB y el intento de abordar la crisis climática y ecológica. Evaluadas desde la perspectiva del ACB, algunas políticas climáticas ambiciosas se convierten en propuestas inútiles y carentes de valor: sus beneficios finales se producen tan lejos en el tiempo que su valor se ve enormemente descontado y apenas son capaces de compensar sus costes iniciales, la mayoría de los cuales están muy cerca en el tiempo. El Informe Stern proponía utilizar tasas de descuento cercanas a cero para que el futuro valiese lo mismo que el presente, argumentando que debemos «pensar en el bienestar de las generaciones futuras al mismo nivel que el nuestro».
La propuesta de utilizar tasas de descuento cercanas a cero fue criticada muy duramente por otros economistas, entre los que destaca William Nordhaus, quien defendió que la tasa de descuento que determine el «equilibrio eficiente entre el coste de la reducción de las emisiones hoy y el beneficio de la reducción del daño climático en el futuro» debería ser «el rendimiento del capital». Según Nordhaus, este rendimiento del capital, «que mide el rendimiento neto de las inversiones en capital, educación y tecnología», era «observable en el mercado» y, lo que es más importante, mucho más alto que las tasas de descuento propuestas por Stern. En resumen, su argumento era que la devaluación del futuro era una característica inherente de la naturaleza de la economía y no una cuestión de voluntad política.
¿Un futuro atrapado en la capitalización?
Buena parte del debate surgido a raíz de la denominada controversia Stern/Nordhaus se centró en el nivel de la tasa de descuento y, por lo tanto, en el problema de devaluar el futuro. Se ha prestado menos atención a la otra cara de la moneda: la valoración del futuro. El Informe Stern adoptó de manera explícita el punto de vista del inversor sobre el futuro. En su opinión, la mitigación «debía verse como una inversión, un coste en el que se incurre ahora y en las próximas décadas para evitar el riesgo de consecuencias muy graves en el futuro». El futuro se valora como la temporalidad relevante para la acción en el presente, pero también como una temporalidad radicalmente diferente del presente. La noción de «generaciones futuras» ilustra esta separación entre el presente y el futuro. Encarna una figura de alteridad: un Otro que intentamos obligarnos a tener en cuenta, precisamente porque este Otro nos parece lejano y a menudo se lo describe como diferente, cualitativamente nuevo, a veces más rico e inteligente, a veces más frágil, pero casi siempre y principalmente como a un desconocido.
¿Merece la pena el futuro, ya se encuentre este habitado por la figura del inversor y sus expectativas sobre flujos de caja futuros, o por la figura de las generaciones futuras con sus deseos y condiciones de vida desconocidas? ¿Es posible que nuestra incapacidad cada vez más evidente para preocuparnos por el futuro esté relacionada con el tipo de relación con el futuro que ha cultivado el capitalismo: una relación estancada en los mecanismos de la capitalización? Y si es así, ¿podría reinventarse esa relación?
Hace unos meses, dieciocho niños del estado de California presentaron una denuncia contra la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos alegando que el mero uso del descuento en los análisis de coste-beneficio de sus políticas climáticas suponía una forma de discriminación contra ellos. El argumento se basa en una potente subversión de la separación entre el presente y el futuro: se pasa del presente de las generaciones futuras, una cuestión difícil de abordar, al futuro de las generaciones presentes, un futuro tangible, pues está visiblemente presente. De este modo queda esbozada una alternativa al futuro del inversor que hasta ahora se había impuesto. Si queremos romper los vínculos entre el capitalismo y la crisis ecológica y climática, necesitamos urgentemente transformar nuestra relación con el futuro, liberándolo de la lógica de la capitalización y su trato desigual del tiempo.
Liliana Doganova es profesora asociada en el Centre de sociologie de l’innovation, Mines Paris, PSL University. Es autora de Valoriser la science y Discounting the Future: The Ascendancy of a Political Technology y coautora de Capitalization: A Cultural Guide.
Este texto fue publicado originalmente en The Break-Down el 18 de julio de 2024.