Cristóbal J. Gallego
Evitar la Noche Fósil —ese escenario de desorden internacional, autoritarismo energético y caos climático al que nos empujan los oligarcas de los combustibles fósiles con tal de seguir acumulando poder y riqueza— es posible, pero es algo que no sucederá por sí solo. Son muchos los debates que hay que tener, pero no perdamos de vista que no hay tiempo que perder, por muy complejo y poco apetecible que resulte afrontar contradicciones y buscar soluciones de compromiso en un contexto político y social para nada favorable, pero que necesita más que nunca un horizonte claro y deseado.
El despliegue masivo y ágil de tecnologías renovables es uno de los pilares fundamentales para lograrlo. Por un lado, permite a los países contribuir a esa meta colectiva fijada con el Acuerdo de París (¿hace falta recordar la importancia de la cooperación internacional frente a desafíos globales?, ¿cómo sería hoy el mundo sin un Tratado de No Proliferación Nuclear, o sin el Protocolo de Montreal que logró frenar el agujero de la capa de ozono?). Por otro, las renovables impulsan la tan valiosa independencia frente a esos oligarcas fósiles, por ejemplo, reduciendo drásticamente las importaciones de petróleo si el despliegue renovable se acompaña de la electrificación del transporte. Y, por si lo anterior no fuera suficiente, solar y eólica son ya las fuentes de generación eléctrica más baratas de las que la humanidad ha dispuesto jamás. Para un país como España, rico en recursos renovables, el despliegue masivo y ágil de eólica y solar tiene tales beneficios que debería formar parte de un auténtico proyecto de país. Uno que pudiera ser respaldado por cualquier persona mínimamente preocupada por el medio ambiente, la economía, la justicia social o la patria.
Sin embargo, observamos hoy en día discursos desde distintos sectores ideológicos que rechazan o cuestionan dicho despliegue renovable, bien de forma generalizada, bien mediante la oposición a proyectos concretos. Los motivos son muy diversos, desde algunos vacíos y populistas a otros más complejos y razonados que merecen ser atendidos, comprendidos y debatidos. Al menos con aquellos con quienes, como decía, compartamos ese horizonte claro y deseado de alejarnos de la Noche Fósil.
En este texto nos queremos centrar en uno de esos motivos por los que a veces se cuestiona en España el despliegue de la energía eólica. La pregunta de fondo es sencilla: ¿es posible un despliegue masivo y ágil de energía eólica manteniendo unos impactos bajos sobre el territorio y los ecosistemas?
Para contribuir a esta cuestión, un grupo de universidades y centros de investigación públicos hemos elaborado el informe Potencial eólico en zonas de baja sensibilidad ambiental en España: una evaluación regional. El objetivo del trabajo ha sido estimar cuánta energía eólica podría instalarse en España limitándonos exclusivamente a zonas que cuentan simultáneamente con dos requisitos: poseen un elevado recurso eólico y el impacto ambiental de instalar aerogeneradores se considera bajo.
El análisis combina dos fuentes de datos. La primera es el Índice de Sensibilidad Ambiental (ISA) para la energía eólica publicado por el MITECO. Este índice integra alrededor de una veintena de criterios —desde espacios protegidos de la Red Natura 2000 o humedales Ramsar hasta patrimonio UNESCO o impacto visual— y clasifica el territorio en cinco niveles de sensibilidad. Según este índice, en torno al 20% del territorio español pertenece al nivel de impacto más bajo, que es el único considerado en nuestro estudio. De todos modos, el ISA no sustituye en ningún caso a los estudios de impacto ambiental exigidos por ley para proyectos concretos, pero sí resulta una herramienta muy valiosa para análisis de planificación a gran escala, como el que hemos planteado.
La segunda fuente de datos es el New European Wind Atlas (NEWA), una simulación climática de alta resolución que permite identificar las zonas con elevado recurso eólico, es decir: aquellas donde un parque eólico sería económicamente viable. La alta resolución espacial no es un asunto menor, ya que otras simulaciones muy empleadas pero con menor resolución (por ejemplo, ERA5) no logran revelar esas zonas de alto potencial eólico, especialmente en terreno complejo, el cual es muy abundante en la Península Ibérica. Según el NEWA y otra serie de hipótesis consideradas, el 36% del territorio contaría con recurso eólico suficiente para instalar infraestructura eólica y que esta fuera económicamente viable.
Los resultados generales del estudio son los siguientes: por un lado, a escala estatal, el porcentaje de territorio que satisface a la vez la presencia de un recurso eólico elevado y una baja sensibilidad ambiental ronda el 7%; por otro, el potencial eólico asociado sería de unos 360 GW, una cifra muy superior a la capacidad necesaria para alcanzar una economía completamente descarbonizada en 2050. Para situarnos, a día de hoy en España hay unos 30 GW instalados de energía eólica y el objetivo del PNIEC para 2030 es de unos 60 GW. Por tanto, existe suficiente margen para un despliegue de energía eólica compatible con la descarbonización y con un impacto ambiental bajo, siempre que se planifique con estos criterios.
El análisis regional, sin embargo, revela una realidad más incómoda: tanto el recurso eólico como las zonas de baja sensibilidad ambiental a los aerogeneradores están distribuidos muy desigualmente en el territorio. Así, algunas comunidades autónomas tienen mucho viento pero poco terreno con baja sensibilidad ambiental, y a otras les sucede exactamente lo contrario. Por ejemplo, en algunas comunidades —como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra o Aragón— el potencial eólico económicamente viable y de bajo impacto ambiental permitiría cubrir varias veces su demanda eléctrica actual. En otras, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Extremadura, ocurre lo contrario. Esta característica es un rasgo fundamental que debe tenerse en cuenta en la planificación del despliegue renovable. Solo así se entiende que algunos criterios que parecen a primera vista razonables o equitativos pueden resultar en realidad bastante problemáticos, porque implicarían en la práctica un reparto muy desigual de los impactos ambientales de las renovables entre comunidades.
Por ejemplo, el criterio de «que cada comunidad autónoma genere la electricidad que consume», más que una solución al mal llamado «colonialismo energético» obligaría a territorios con mayor sensibilidad ambiental a elegir entre aumentar el impacto del despliegue eólico o seguir dependiendo de combustibles fósiles (y aquí un apunte: ¿cualquier intercambio entre territorios es colonialismo?, ¿es La Rioja una colonia vinícola de Castellón, o España una colonia olivarera del resto del mundo? Estas cuestiones bien merecen su propio espacio). Otro caso similar es el criterio de «que todas las comunidades autónomas dediquen el mismo porcentaje de terreno a parques eólicos». Aunque en apariencia eso implicaría un reparto equitativo de los impactos, en la práctica supondría niveles muy desiguales, dada la distribución heterogénea de zonas de baja sensibilidad ambiental. Finalmente, a todo eso se une que un despliegue renovable no planificado, basado exclusivamente en el recurso eólico —es decir, solo en la rentabilidad económica—, tampoco garantiza en absoluto un reparto equitativo de los impactos ambientales.
De modo que sí, es posible un despliegue de energía eólica compatible con la descarbonización y con unos impactos ambientales bajos, pero su planificación no puede ignorar determinados aspectos de la realidad, por poco convenientes o incómodos que resulten. El desigual reparto del recurso eólico y de zonas de baja sensibilidad ambiental debe estar sobre la mesa, porque solo así se podrán concretar estrategias ambiciosas basadas en el mínimo impacto ambiental y articular mecanismos de compensación territorial adecuados. Lo contrario sería hacernos trampas al solitario, embarrar un camino ya de por sí espinoso y complejo y, en última instancia, sumirnos en la parálisis mientras los oligarcas de los combustibles fósiles celebran nuestro hundimiento en la Noche Fósil, en la que ellos son los reyes.
Cristóbal J. Gallego es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Es además coautor, junto a Daniel Carralero y Marta Victoria, de Un lugar al que llegar. Mapa político de la transición energética (Levanta Fuego, 2025).