Jorge Tamames
«En apariencia militares, con contenido político y en definitiva económicos» es el resumen que Franco ofreció en privado sobre los Pactos de Madrid. La fórmula es contraintuitiva pero acertada: en 1953, tras inaugurar bases militares en España, Estados Unidos normalizó su relación con la dictadura y comenzó a invertir en una economía hasta entonces ruinosa, que despegaría mediante ese impulso y el del Plan de Estabilización Nacional. La parte visible del acuerdo era militar; sus dimensiones política y económica, las que facilitaron la supervivencia del régimen.
Una forma útil de entender las iniciativas comerciales de la Unión Europea es dando la vuelta a este orden de prioridades. El entramado de tratados que impulsa Bruselas —con Mercosur (ratificado), India (recién anunciado), Canadá (2017), Japón (2019) y Australia (negociándose)— es en apariencia económico, pero ha adquirido cada vez más contenido político. Y aunque carece de una dimensión militar, busca fortalecer la seguridad europea.
Nada de esto es secreto. Los defensores de los acuerdos destacan su valor para la autonomía estratégica de la Unión Europea. Señalan que permitirán reducir riesgos no solo en su relación comercial con China, sino también con Estados Unidos. Menos dependencia —comercial, energética— significa más firmeza frente a autócratas como Donald Trump o Vladímir Putin. Pero este hecho a menudo se pasa por alto en el debate público europeo.
La tendencia es especialmente acusada en la izquierda. Los grupos Verde y GUE/NGL, votando junto a la extrema derecha en el Parlamento Europeo, han forzado una revisión judicial del acuerdo Unión Europea-Mercosur, obstaculizando su entrada en vigor. Argumentan que su impacto sobre el medio ambiente y sector primario europeos será negativo. Salvo excepciones, estos grupos apenas han valorado otros aspectos del acuerdo.
Esta postura se inscribe dentro de una hostilidad hacia el libre comercio que se remonta, como poco, a la década de 1990. El «fin de la historia» neoliberal trajo consigo destrozos considerables: más desigualdad, implosión de regiones y sectores económicos enteros, crisis e hipertrofia del sector financiero. Esta hiperglobalización nunca fue una agenda emancipadora y la oposición de la izquierda tenía una razón de ser evidente.
Hoy, sin embargo, la postura necesita actualizarse. La principal amenaza que pesa sobre nuestras sociedades ya no es una globalización desregulada (que en paz descanse), sino la coerción de potencias como Estados Unidos y Rusia, unido al agravamiento de la crisis climática. Estos dos problemas se retroalimentan, porque tanto el trumpismo como sus filiales europeas se oponen a cualquier tipo de transición energética que corrija nuestra adicción al gas y petróleo foráneos.
En un mundo así, los acuerdos que persigue la Unión Europea representan un intento de construir una arquitectura económica y diplomática distinta, con fundamentos jurídicos claros. Sirva como ejemplo el de Mercosur. En primer lugar, el contraste con tratados comerciales previos —incluidos los de la era Obama, con sus notorias cláusulas ISDS— merece ponerse en valor. Aunque el acuerdo sea mejorable, recoge estándares laborales y medioambientales más exigentes que los de los tratados de libre comercio al uso.
También supone una contribución neta en términos de seguridad económica y climática. Los miembros de Mercosur se cuentan entre los principales proveedores globales de minerales críticos, imprescindibles para llevar a cabo una transición energética rápida y justa. Estrechar vínculos con la región cobra especial importancia en un momento en que la contraoferta norteamericana es una combinación de chantajes, violencia desmedida y extractivismo.
Una relación comercial más extensa entre Mercosur y la Unión Europea sirve además para compensar dependencias comerciales frente a China. A primera vista, tanto latinoamericanos como europeos saldríamos ganando de un reacercamiento a Pekín, necesario para contrapesar la hostilidad de Washington. En la práctica, no obstante, la rivalidad sino-americana no está escrita en piedra. Sobre todo a corto plazo. Con una figura tan caprichosa y proclive a dar bandazos como Trump, no es inimaginable que la cumbre China-Estados Unidos de abril produzca una reconciliación entre ambas potencias, que margine a Europa y América Latina. En vista de que la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense dedica más espacio a criticar a la Unión Europea que a China, y que plantea el dominio hemisférico (es decir, de ambas Américas) como objetivo prioritario, esta posibilidad merece ser tomada en serio.
Por eso importa el contenido político de las iniciativas comerciales europeas. Su hilo conductor es consolidar una red de potencias medias con autonomía en el escenario internacional. No hablamos de una alianza para enfrentarse a China, Rusia ni Estados Unidos, sino de adquirir medios y socios para mitigar la coerción y presión comerciales de grandes potencias. El objetivo debería ser que jamás se repita una escena como la del pasado agosto, cuando representantes europeos acudieron a un campo de golf de Trump para agasajarle y aceptar un acuerdo arancelario humillante.
Pese a todo, las cuestiones propiamente comerciales importan. El acuerdo Unión Europea-Mercosur tendrá, inevitablemente, consecuencias distributivas. En cuanto al impacto perjudicial sobre el sector primario, es importante señalar que ni parece tan acusado como a veces se denuncia, ni el sistema de agricultura regenerativa, extensiva y de proximidad que defiende la izquierda se ve especialmente beneficiado por el modelo realmente existente en Europa hasta ahora. Proteger y desarrollar un sector con estas características requeriría políticas públicas diseñadas a tal efecto, así como una reforma en profundidad de la Política Agraria Común. Son consideraciones importantes, pero en gran medida ajenas al acuerdo. Unión Europea-Mercosur, por otra parte, tampoco debería leerse exclusivamente a través de los ojos del sector primario. Lejos de ser una amenaza, puede beneficiar a economías como la española, cuyas principales exportaciones —con qué frecuencia se olvida— no son agrarias, sino servicios y manufacturas industriales.
En cualquier caso, este tipo de iniciativas no deberían resultar anatema si las sociedades de América Latina de verdad se consideran, como la izquierda repite con insistencia, «pueblos hermanos» de los de la península ibérica. O si, más allá de las consignas habituales, de verdad se busca contrapesar el papel cada vez más arbitrario y brutal de Estados Unidos en el mundo. Eso no significa que todo acuerdo comercial merezca ser celebrado acríticamente. Pero sí que es necesario valorarlos con parámetros más amplios que los empleados hasta el momento.
Hoy antiguos banqueros centrales, como Mark Carney o Mario Draghi, hablan de política industrial y climática, o de desarrollar seguridad económica frente a Estados Unidos: conceptos ajenos a la ortodoxia económica en la que se formaron. Si ellos son capaces de adaptarse así, ¿qué le impide a la izquierda ser dúctil? La capacidad de adaptarse ante crisis, o de mostrar flexibilidad táctica para perseguir estrategias concretas, no son sinónimo de oportunismo ni de haber claudicado. Al revés: son un requisito imprescindible para cualquier fuerza política ambiciosa y con vocación de transformar las cosas.
Jorge Tamames es profesor de economía política internacional en Universidad Pontificia Comillas y la Universidad Carlos III de Madrid, y de política española contemporánea en New York University.