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El campo y las falsas soluciones

David González y Juan Requejo

A menos de dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre, el campo mira más que nunca a la derecha, porque ha sido la única opción partidaria en acercarse a sus crisis con respuestas. Sin embargo, son falsas soluciones que calman el malestar sin resolverlo. Desde posiciones progresistas se pueden formular mejores soluciones si empieza por la escucha. 

Quien está, gana

Según el barómetro del CIS, el 47% de quienes trabajan en el sector primario se inclinan por el PP y el 20% por VOX. En 2023 ambas fuerzas sumaban algo menos de la mitad del voto y hace diez años VOX era una fuerza marginal. Son submuestras pequeñas, pero la tendencia es clara.

El campo español tuvo una larga tradición de izquierdas, desde los jornaleros del sur en la República hasta los bastiones rurales que el PSOE mantuvo en la democracia. En las últimas décadas votaba más a la derecha que la ciudad, pero el voto agrario seguía en disputa. Esa disputa se ha perdido.

Una escena reciente en un foro agrario en Palencia ilustra este giro: un alto cargo de VOX en la Junta de Castilla y León se llevó la ovación del día presumiendo de que su comunidad sería la primera en cobrar la PAC. Es un planteamiento resultón, pero solo profundiza la mala situación de las personas que viven del campo. Alimenta la dependencia de la subvención.

Entre Bruselas y Ormuz

Este giro no se explica solo por la presencia de la derecha, sino por lo que ha vivido el campo en los últimos años.

El Pacto Verde y la Estrategia de la Granja a la Mesa establecieron objetivos que muchos agricultores compartían, como usar menos plaguicidas, menos fertilizantes de síntesis y más superficie ecológica. Pero se comunicaron mal y pidieron al sector cargar con el coste ambiental sin crear otro mercado, protegido de los mercados globales. Faltó un marco normativo que lo hiciera posible y asumiera los costes del cambio, y faltó un asesoramiento técnico que acompañara durante la transición. Europa cambió las reglas para producir, pero no para vender. Al agricultor le llegaron más controles y cuadernos de campo, mientras seguían vendiendo por los mismos canales, sin capacidad de influencia en el precio de venta y sin mejorar su posición en el mercado.

Sin mercados locales que paguen bien por producir mejor, la transición se percibe como una factura más de quien no tiene más alternativa que las grandes cadenas de distribución y los mercados globales. Esta es una de las mayores debilidades del sector.

A la vez, el campo ha encadenado dos crisis de costes: la guerra de Ucrania disparó el precio de los fertilizantes y del gasóleo; este año, la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasan un tercio de la urea mundial, han vuelto a tensionar los fertilizantes. El agricultor queda atrapado entre insumos que dependen de la geopolítica y unos precios que se deciden lejos de su finca. Trabajan para que ganen dinero sus proveedores de agroquímicos, máquinas y combustible.

En ese malestar, la extrema derecha supo acercarse al sector ofreciendo escucha, un enemigo al que señalar —Bruselas, los ecologistas, la Agenda 2030— y alivios inmediatos en forma de ayudas. Las tractoradas de 2024 lo hicieron visible y Bruselas retiró parte de su ambición ambiental, pero el reparto del beneficio a lo largo de la cadena quedó intacto. Y ese enfado acabó convirtiéndose en voto a favor de quien supo estar allí.

Las falsas soluciones

Son dos las recetas que ofrece la derecha. La primera es ofrecer más dinero, con ayudas más generosas, más rápidas y con menos condiciones. Es un parche temporal que deja sin resolver quién decide el precio en un escenario de competitividad por precio y, si el margen se lo siguen quedando la cadena y los proveedores, el dinero público acaba en manos de la propia cadena y las grandes empresas proveedoras, mientras el sector se vuelve más dependiente de las ayudas. Se trata de proponer un esquema alternativo que ofrece otra forma de competitividad, la que se fundamenta en la diferenciación de los productos, por ecología, por proximidad o por calidad. Es, al fin y al cabo, la de la derecha una estrategia que no persigue la emancipación respecto a los grandes operadores de inputs y de comercialización, sino que incrementa la dependencia.

La segunda receta consiste en quitar normas. VOX lleva años intentando derogar el Pacto Verde Europeo y defiende rebajar las exigencias medioambientales para competir con Marruecos y Brasil. Es una carrera a ninguna parte para el agricultor europeo, porque siempre va a haber quien produzca más barato. Rebajar la exigencia no sube el precio en origen, solo abarata la materia prima para quien compra a escala global. Y resulta contradictorio pedir controles más duros a las importaciones mientras se desmontan las normas que esas importaciones deberían cumplir. Nuevamente, una mayor presencia de la competitividad por diferenciación es una estrategia más valiosa que la de eliminar al competidor más barato.

El papeleo es excesivo, es un coste real, tiene un fuerte efecto psicológico de desgaste, pero es que además es posible y necesario reducirlo, porque simplificar trámites no es lo mismo que rebajar estándares.

Un programa para volver al campo

Escucha. Mesas comarcales antes de escribir el programa y presencia fuera de campaña. No meter en el mismo saco a un fondo de inversión, a una explotación de porcino intensiva y a una finca ganadera joven en extensivo. Una ventanilla única comarcal, con personal técnico que haga los trámites por el agricultor.

Un modelo viable.  La agricultura eco-regenerativa puede ser más rentable que el modelo convencional.  Reduce la factura de insumos y dependencia de combustibles fósiles y protege frente a la sequía. Es un modelo de manejo que facilita la diferenciación de los productos, sin encarecerlos necesariamente. Biofábricas comarcales de insumos biológicos y asesoramiento técnico independiente permiten plantear la transición en términos de ahorro, beneficio económico y autonomía para los territorios. Y si la agricultura vive del sol, también puede hacerlo su energía, con electrificación renovable y autoconsumo.

Mercados que paguen por producir bien. Sin ellos no habrá transición agroalimentaria. Deben consistir en:

  • Compra pública en colegios, hospitales, residencias, universidades, con contratos divididos en lotes pequeños y que primen el producto fresco y de temporada, algo que la ley ya permite.
  • Nodos de acopio y distribución, los llamados food hubs, que agrupen a productores y pequeñas cooperativas para reunir volumen, organizar la logística y presentarse juntos a pliegos de compra pública que un agricultor solo no podría cubrir.
  • Comedores laborales de la gran industria, con acuerdos a varios años entre empresas, sindicatos y cooperativas.
  • Cocinas centrales comarcales que resuelvan la logística y la transformación.
  • Contratos plurianuales con la distribución, con precio ligado a costes, como ya exige la Ley de la Cadena Alimentaria.
  • Fórmulas innovadoras, como la seguridad social de la alimentación que se ensaya en Montpellier, donde los vecinos cotizan según sus ingresos y reciben una asignación mensual para comprar a agricultores de la zona.

Relevo con otro modelo. Nadie quiere heredar un campo que no da para vivir. Los hijos de agricultores y ganaderos no quieren seguir y quien quiere empezar a trabajar en este sector no dispone de un patrimonio del que partir. Pequeñas cooperativas de personas que se juntan para producir pueden compartir maquinaria y trabajo, y, con bancos de tierras y espacios test agrarios —como Aleko, en Vitoria-Gasteiz— y acompañamiento en los primeros años, el relevo se convierte en una oportunidad para jóvenes que buscan una salida al empleo precario de la ciudad.

Del subsidio a la emancipación

Las fuerzas progresistas pueden disputar la hegemonía de la derecha en el campo con escucha y propuestas valientes. Frente a quien promete cobrar antes, la izquierda puede prometer un modelo que busca la emancipación y una mayor competitividad, producir con menos dependencia, disponer de energía propia y que haya alguien a quien dejar la tierra.

David González es miembro de la cooperativa Sustraiak. Juan Requejo es miembro de Intervegas.

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