Itxaso Hori
España consume alrededor de 2.000 millones de litros de gasóleo agrícola al año, principalmente para tractores y motores de riego. A precio de mercado, eso son entre 5.000 y 7.000 euros anuales por explotación media, solo en combustible. Es el mayor coste variable al que se enfrenta la mayoría de los agricultores, y también el más impredecible: cuando se cerró el estrecho de Ormuz tras el ataque estadounidense a Irán, el gasóleo bonificado subió más de un 20% en una sola semana. Las tractoradas salen caras.
Contado así, parece mentira que la electrificación del campo no sea el centro del debate sobre transición energética en España. Pero no lo es. Los programas electorales para el campo en las últimas elecciones autonómicas están vacíos de propuestas proactivas: solo hay quejas de lo que no se quiere, nada sobre lo que se puede hacer. ¿Pero por qué no hacer la transición al revés? Es decir, electrificando primero el campo para que genere beneficios reales, directos y plausibles para las zonas menos pobladas. Por una vez serían las zonas rurales —tradicionalmente más conservadoras— las protagonistas de la innovación, en lugar de ser las que va a rebufo. Es un win-win se lo mire por donde se lo mire: la electrificación sería la solución en lugar de un sacrificio, al tiempo que permitiría la instalación de infraestructuras imprescindibles para todos. Imaginemos que el campo, en lugar de ser un opositor a la transición, fuera su impulsor.
Y el caso es que la propuesta existe, está técnicamente madura y es económicamente irrefutable. Los tractores eléctricos ya superan, en la mayoría de modelos disponibles comercialmente en España, las cuatro o cinco horas de jornada habitual en campo abierto. Las bombas de riego fotovoltaicas funcionan con mayor intensidad exactamente cuando más sol hay, que es también cuando más agua necesitan los cultivos. La aerotermia en invernaderos y granjas reduce a menos de la mitad el gasto en climatización. Las comunidades energéticas rurales permiten que quien tiene placas en el tejado o un aerogenerador al lado de su finca no solo lo soporte, sino que sobre todo lo explote. Todo esto no es ciencia ficción, es tecnología comercial disponible. Navarra, por ejemplo, que lleva décadas siendo pionera en el despliegue de renovables, ha construido una red de comunidades energéticas rurales cuyo tamaño multiplica por seis (!) la media estatal, con una normativa propia pionera en el Estado, una oficina de apoyo municipal y deducciones fiscales forales específicas. Pero esa misma audacia podría extenderse a más ámbitos de la economía rural y el sector primario: al tractor, al sistema de riego, a la granja. Ello haría que el agricultor pasase de ser consumidor cautivo a ser propietario de su propia energía.
Ya subvencionamos la movilidad eléctrica: el Plan MOVES llegó a movilizar 1.200 millones de euros y su sucesor, el Plan Auto+, arranca 2026 con otros 400 millones. ¿Pero quién los aprovecha? Fundamentalmente, personas con rentas medias-altas, en zonas urbanas o periurbanas, con un garaje donde instalar un cargador. El agricultor de Extremadura o de Castilla-La Mancha, que conduce un tractor de 100 CV y depende del gasóleo para trabajar, queda fuera de ese esquema por diseño: ¡los tractores están excluidos del Plan Renove Agrario! Le subvencionamos el SUV eléctrico al médico de Pozuelo; al cerealista de Cáceres le dejamos con el bidón.
Hay una injusticia territorial obvia en esta situación, pero también hay un desperdicio económico mayúsculo que raramente se menciona. España tiene un problema creciente de congestión en su red eléctrica. Las regiones que más electricidad producen no tienen suficiente demanda local para absorberla. En verano de 2025, hasta el 11% de la energía renovable generada fue simplemente descartada. Las provincias más afectadas por esos recortes forzosos son Badajoz y Ciudad Real: territorios que producen enormes cantidades de electricidad que no pueden usar ni evacuar. Electrificar el campo precisamente donde se genera la energía no es solo una medida agraria: es una solución de red. Supone consumir localmente lo que de otro modo no podemos transportar por una red eléctrica que necesita mejoras que están tardando demasiado en llegar.
Y luego está el argumento industrial. Hace décadas fuimos un país fabricante de tractores: Ebro, Lanz Ibérica, Barreiros llegaron a producir 44.000 unidades al año para el mercado español y para la exportación. Ese tejido industrial casi ha desaparecido. La ironía es que Ebro acaba de resucitar como marca eléctrica y ha empezado a fabricar SUV en la Zona Franca de Barcelona en colaboración con un socio chino. La marca que mecanizó el campo español en el siglo XX renace en el XXI… haciendo coches para ciudad. No hay nada malo en eso, pero sí hay algo revelador en que nadie, en este mismo momento, haya pensado en hacer tractores eléctricos.
El campo español mira las placas solares y los aerogeneradores con desconfianza, casi siempre con hostilidad. Es incluso comprensible: ha visto cómo se instalan infraestructuras que no le pertenecen, que no le generan empleo directo que pueda aprovechar y que no le abaratan la energía que necesita para trabajar. Esa desconfianza no es irracional, es la respuesta lógica a una política energética que ha tratado al mundo rural únicamente como suelo disponible.
Cambiar eso requiere una propuesta concreta: un programa de electrificación agraria con financiación específica, que priorice regiones productoras, que incluya maquinaria, riego e instalaciones, y que articule comunidades energéticas en las que el agricultor sea propietario, no solo anfitrión. No es barato, pero tampoco es un gasto astronómico comparado con lo que ya gastamos subvencionando combustibles fósiles o electrificación de vehículos urbanos. Y además tiene el mérito de resolver varios problemas a la vez: reducir los costes y la incertidumbre del sector agrario, disminuir la congestión de la red eléctrica y las emisiones, y, a la vez, promover el cambio de opinión en territorio hostil a la agenda verde, mejorando la cohesión territorial. Todo ello con más sentido común geopolítico.
Que nadie lo haya propuesto todavía dice mucho sobre quién está diseñando la política energética en este país. Y para quién.
Itxaso Hori es ensayista y posibilista energética. Solo existe en redes como Bluesky o Substack, y también responde a su correo electrónico: itxasohori@gmail.com.